EN EL PLANETA MARTE: “Magistrados” buscan crear un Tribunal Supremo paralelo en el exilio
fuente: elucubraciones
“Magistrados” buscan crear un Tribunal Supremo paralelo en el exilio
Para un abogado de cualquier parte del mundo, ser escogido como
miembro del más alto tribunal de justicia de su país significa un gran
honor y, con frecuencia, la coronación a una carrera profesional
exitosa.
Sin embargo, para los 33 “magistrados” juramentados el pasado 21 de
julio por la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela (en desacato y por
tanto, írrita en sus actos), su nombramiento ha supuesto el tener que
esconderse o escapar del país para evitar la cárcel.
Y es que los designaron en el marco del choque institucional que se
vive en Venezuela entre la AN de mayoría opositora y el resto de los
poderes, controlados por el oficialismo.
Inmediatamente después de su juramentación, la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó a las autoridades
aplicar “acciones de coerción” en su contra, acusándoles de usurpación
de funciones, mientras que el presidente de la República, Nicolás
Maduro, anunció que los apresaría “uno a uno” y les congelaría sus
bienes.
Los nuevos “magistrados” fueron nombrados para sustituir a otros
tantos que habían sido designados por el Legislativo anterior en
diciembre de 2015, que la oposición considera ilegítimos.
El año pasado, la nueva Asamblea Nacional investigó esos nombramientos de 2015 y denunció que fueron hechos de forma irregular, pero el TSJ -al que la oposición acusa de estar cooptado por el Ejecutivo- los considera válidos.
Ahora, mes y medio más tarde de la juramentación de los jueces
seleccionados por el nuevo Parlamento, al menos 18 de estos salieron del
país sudamericano y 8 buscaron refugio en embajadas en Caracas.
Además, otros dos renunciaron a sus cargos tras ser detenidos y uno,
el magistrado Ángel Zerpa, fue arrestado al día siguiente de su
designación y permaneció recluido durante un mes de la sede del Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin), hasta que la semana pasada se le
concedió la libertad condicional.
Los demás se encuentran en paradero desconocido.
Pese a que los magistrados se encuentran disgregados, se mantienen en
contacto y trabajan de forma conjunta en un mecanismo para “crear o
representar al Tribunal Supremo” fuera de las fronteras de Venezuela.
La iniciativa cuenta con el respaldo de una nueva ONG llamada Tu País
Foundation, creada en Florida por un grupo de venezolanos que impulsa
el proyecto Democracia en el Exilio mediante el cual buscan facilitar el
desempeño de los funcionarios venezolanos (magistrados, alcaldes,
parlamentarios, etc.) que están en el exterior.
BBC Mundo conversó en Miami con Pedro Troconis, Antonio Marval y
Alejandro Rebolledo, tres de los 11 magistrados que se encuentran en
Estados Unidos, quienes explicaron cómo funcionaría este tribunal en el
exilio que -según afirman- es inédito en el mundo.
Buscando justicia
“Después de estudiar la Constitución y la Ley del TSJ concluimos que
podemos constituirnos como tribunal y sesionar en el exilio (¡¡!!). Una
vez que se juramenta, un magistrado tiene todas sus atribuciones. En
ninguna parte se establece que esa condición cesa al salir de las
fronteras del país”, adelanta Troconis, quien fue nombrado como miembro
de la Sala de Casación Penal del TSJ.
Aclara que, dadas las circunstancias, no podrían emitir sentencias pero sí pronunciamientos que sirvan para “conseguir algún tipo de justicia, aunque no sea en Venezuela”.
Señala que trabajarían en conjunto con la defenestrada fiscal general
Luisa Ortega Díaz (Dios los cría, ellos se juntan), quien en los
últimos tiempos ha hecho numerosas denuncias sobre supuestos delitos
cometidos por funcionarios del gobierno del presidente venezolano,
Nicolás Maduro; para nada menciona los delitos que por omisión o acción
se le imputan a ella.
Ortega se encuentra también en el exilio, luego de haber sido
destituida por la Asamblea Nacional Constituyente -una suerte de
suprapoder electo a iniciativa de Maduro y desconocido por la
oposición-, tras haber sido tachada de traidora por dirigentes del
chavismo y, más recientemente, acusada de supuestos actos de corrupción,
junto a su marido un diputado ex-chavista a quien apodan El Chino,
acusado de poseer millones de dólares en bancos extranjeros. Sobre las
pruebas presentadas por Diosdado Cabello todos en la oposición guardan
silencio.
“La idea es que ella presente esas pruebas para nosotros sobre esa base emitir un pronunciamiento y, en conjunto con la fiscal, llevar esos recaudos ante instancias como la Corte Penal Internacional o las autoridades de otros países donde esos hechos puedan ser sancionados”, indica Troconis.
Los magistrados aclararon, no obstante, que tienen previsto reunirse con Ortega pero aún no lo han hecho.

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