Mineros
colombianos rechazan políticas impulsadas por el Estado que favorece a
las grandes empresas mineras. | Foto: @prensaRural
Sin
que sean atendidas sus denuncias, los mineros colombianos de dos
municipios del departamento de Antioquia lleva un mes de paro y
manifestaciones contra las políticas gubernamentales que solo favorecen
a las grandes empresas.
Los mineros
colombianos de los municipios de Segovia y Remedios del departamento de
Antioquia continúa las movilizaciones sociales en rechazo a las
políticas impulsadas desde el ejecutivo que favorece a las grandes
empresas mineras en detrimento de la minería artesanal o ancestral.
En 32 días de paro
el sector minero denuncia que sus demandas no han sido escuchadas y que
el Estado mantiene la represión y criminalización de la protesta minera.
Las demandas del sector minero
Los mineros de los municipios Remedios y Segovia, en el
departamento colombiano de Antioquia llevan 32 días de paro indefinido.
Foto: teleSUR
El pasado 21 de julio dio inició el paro minero indefinido en la
región del nordeste de Antioquia, el presidente de la Mesa Minera de los
municipios de Segovia y Remedios, los mineros rechazan la política
impulsada desde el Gobierno que favorece a las grandes empresas mineras
en detrimento de la minería artesanal o ancestral.
Un comunicado de la
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño y la Mesa Minera de Segovia y Remedios, expone las razones
por las cuales se mantienen en paro, entre ellas la imposición de un
contrato de operación injusto, un proyecto de ley que busca erradicar
los mineros ancestrales y la falta de implementación de medidas
necesarias, adecuadas y proporcionales para la formalización de los
entables y comerciantes de oro.
Reclaman
además explotar el mineral precioso que les ha dado el sustento por
décadas, incluso por siglos,y ahora el Gobierno colombiano pretende
entregar, a través de licencias, a las compañías extranjeras. Exigen
también la firma de contratos justos entre pequeños mineros y las
grandes empresas extranjeras.
La acción
gubernamental que agudizó el conflicto fue la emisión del decreto 1102
que establece además del control de las ventas, la clasificación de las
actividades mineras, en minería de subsistencia, pequeña, mediana y
grande, facultando al Gobierno nacional para definirla y establecer sus
requisitos.
Por su parte el
presidente de la Mesa Minera del Nordeste, Eliober Castañeda afirmó que
debido a la reciente legislación los pequeños mineros no pueden vender
el oro “ porque el comprador consigna sus remesas y cuando van a retirar
sus dineros, el área bancaria se los retiene”.
Violación de derechos humanos
Lo que comenzó como una manifestación pacífica se volvió a inicios
del mes de agosto en enfrentamientos violentos con la intervención de
las fuerzas públicas, en las manifestaciones pacíficas de los mineros,
quienes consideran que se vive un contexto de violación de los derechos
humanos debido a las represiones del Escuadrón Móvil Antidisturbios,
ESMAD.
Mineros denuncian violación de derechos humanos con las represiones del ESMAD. Foto: teleSUR
En el comunicado emitido la pasada semana por la Corporación Acción
Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño y la
Mesa Minera de Segovia y Remedios se informa a la comunidad nacional e
internacional sobre los abusos y extralimitaciones cometidos por parte
de las fuerzas del orden público, parte de la ESMAD, que desde su
llegada por órdenes directas de la Gobernación de Antioquia.
Por su parte la
organización Cahucopana elaboró un informe en el que denuncia las
represiones en las protestas y dan a conocer a la comunidad nacional e
internacional el contexto local actual que se vive en estos dos
municipios, junto con algunos ítems que denotan la criminalización a las
manifestaciones y hechos que se fundamentan como violaciones a los
derechos humanos.
Entre los casos de
violación de derechos humanos que ha detectado la comisión de Derechos
Humanos instalada en Segovia se encuentran la muerte del joven Hernán
Tobón Meneses, a quien dos hombres armados no identificados le
dispararon.
El ataque con gases
lacrimógenos por parte de agentes de la ESMAD al Campamento de Refugio
Humanitario, hecho que afectó a la comunidad indígena y campesina, entre
ellos a niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres
embarazadas.
La toma de hospitales por la ESMAD para realizar operaciones contra
los manifestantes, además de impedir el acceso de los heridos a las
instalaciones sanitarias. Asimismo la toma de los centros escolares ha
impedido por cerca de un mes que los niños no puedan asistir a clases.
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